Hay retrocesos en materia de Derechos Humanos en relación a personas defensoras y pueblos indígenas en Bolivia, Colombia, Ecuador.

CEDIB

2019-02-14

“Las obligaciones internacionales de Bolivia de garantizar los Derechos de las personas defensoras y los pueblos indígenas” analizó los retrocesos en materia de Derechos Humanos en relación a personas defensoras y pueblos indígenas en Bolivia, Colombia, Ecuador.

Durante las audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, en Sucre, Bolivia, representantes de cinco organizaciones representantes de afectados, pueblos indígenas, sociedad civil y defensores de derechos humanos, dieron claves para el análisis de la situación de los Derechos Humanos en Bolivia y la región.

Antes del evento, se realizaron reuniones informales con algunos de los comisionados de la CIDH, donde se han dado pormenores de la situación de las y los defensores de derechos y de los pueblos indígenas en Bolivia.

El seminario ha ahondado en el preocupante contexto de América Latina, que tiene el mayor índice de defensoras y defensores asesinados del mundo, sobre todo relacionados con la resistencia a proyectos que afectan al medio ambiente y los territorios.

En las actividades de incidencia han logrado evidenciar que la situación de los Derechos Humanos en Bolivia reviste gravedad, con tendencia no solo a incrementarse sino a intensificarse. En el país no existe una normativa sobre protección, respeto y garantía de los derechos de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, los territorios y el medio ambiente; a pesar de los compromisos asumidos por el Estado en ese sentido a través del Decreto Supremo 29851/2008 que aprueba el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos “Bolivia Digna para Vivir Bien” 2009-2013

Durante estas actividades se ha sentado denuncia de casos de alto riesgo como las resistencias ante la exploración de hidrocarburos en Tariquía, las hidroeléctricas de Rositas y Chepete – El Bala, la situación de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra RENAMAT, el TIPNIS, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos o el Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB.

En el Seminario, Oscar Campanini del CEDIB, evidenció que a pesar de las recomendaciones por incumplimiento de normativa ambiental de la CIDH en sus informes país de 2009, en los últimos años la reacción del Estado boliviano ha sido la progresiva flexibilización de la normativa que favorece las actividades extractivas, en detrimento de los derechos ambientales.

Por su lado, Toribia Lero representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas- CAOI, denunció el hostigamiento del que son sujeto las y los dirigentes indígenas si denuncian los proyectos extractivistas, y la forma en que legislaciones como la Ley Minera otorga derechos pre constituidos a las empresas mineras por encima de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

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